) 21) INMIGRACIÓN (VIII). "¿QUÉ HACER CON LOS INMIGRANTES? (ILEGALES Y CON PAPELES)"

Es una evidencia que residen entre nosotros, aquí y en toda la Europa rica, inmigrantes ilegales, sin papeles. El interrogante, ahora que vivimos una profunda recesión económica que incluye aumento significativo del paro, es qué hacer con los “sin papeles”; pero también con “los legales” que han perdido su puesto de trabajo. La Unión Europea, todavía sin una política común sobre la inmigración, se ha puesto las pilas buscando medidas concretas de expulsión de los ilegales. Sus promotores son Berlusconi y Sarkozy, con el apoyo entre otros de Merkel. La propuesta es: La posibilidad de tener detenidos a los ilegales durante un periodo de 18 meses, sin decisión judicial previa, mientras se intenta su expatriación. No precisa que se piensa hacer con los menores ilegales que no tienen “acompañamiento” de familiares adultos. De momento, tal Directiva Europea no se ha aprobado. En España, el tiempo máximo es de 40 días, previa orden judicial, manteniendo separados a los menores. Pero…
Hoy el PSOE, el gobierno de Zapatero, tiene una auténtica patata caliente.
La existencia de ilegales es un hecho, aunque en su gran mayoría trabajan en el mercado negro contratados por nuestros empresarios. Sin duda es necesario frenar tales flujos de ilegales, es imprescindible luchar eficazmente contra las mafias, y abrir cauces de colaboración con los principales países emisores de emigrantes. Pero mucho me temo que seguirá resultando muy dificultoso, mientras en sus países de origen se mueran literalmente de hambre, Pero, ¿qué hacer con los ya existentes entre nosotros? La fórmula mágica es repatriarlos. ¿Cómo hacerlo?, ¿metiéndolos a la brava en un avión y “aterrizarlos” en su país de origen? Tal medida no es fácil, si no existen acuerdos bilaterales con los distintos países. En cualquier caso, ¿puede hacerse tal repatriación sin decisión judicial previa? Las reacciones no se han hecho esperar. El portavoz socialista italiano ha calificado la propuesta de la nueva directiva como “una degradación jurídica que trata a los inmigrantes como subespecie humana”. Incluso el portavoz del PP europeo ha denunciado: “Los centros de internamiento son instrumentos para presionar sicológicamente a los detenidos: o te vas o te meto en la cárcel”.
La solución al problema no es fácil. Pero, ¿es lógico que la UE sólo se plantee cómo expulsar a los ilegales, sin consensuar previamente una política europea común sobre la inmigración? Tal política debería incluir: Medios suficientes y eficaces de control de fronteras (vgr. Canarias); acuerdos bilaterales de la UE (¡no cada país de la UE por su cuenta y riesgo!) con los principales países emisores en la lucha contra las mafias y ayudas eficaces de desarrollo (¡no simples ayudas de euros que nunca se sabe quien los gestiona!); desarrollo de políticas eficaces y comunes de integración y de ciudadanía. En España, al menos sobre el papel, existe un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), que nada tiene que ver con el Contrato para la Integración propuesto por el PP, que dicho sea de paso ha sido criticado por alguno Obispos.
Sería estúpido negar el problema. De ningún modo se trata de decretar una amnistía, cuya única consecuencia sería el efecto llamada. Pero tampoco de aplicarles medidas que supongan negarles sus derechos básicos como personas que son, a pesar de que sean ilegales. El peligro hoy puede ser que, los gobernantes de turno (hoy los socialistas) se acobarden ante una cierta sensación de repudio social hacia los inmigrantes, especialmente ahora en momentos de crisis económica. La solución es difícil. Pero a los gobernantes no les elegimos para ir de rositas, sino para buscar soluciones (¡aunque no sean fáciles!) en función de los intereses generales, sin pisotear los derechos de ninguna persona sea cual sea su etnia, cultura, religión, o situación legal.

Cuando vienen mal dadas, los eslabones más débiles de la cadena social son los que lo pasan más canutas. Aunque nuestras cifras negativas sean menos preocupantes que en el resto de España, el paro también afecta a nuestra Comunidad, especialmente en construcción. Y dentro de este colectivo, según las cifras oficiales, los trabajadores procedentes de la inmigración están especialmente afectados. El asunto no es baladí por las reacciones que puede provocar.
Hasta ahora no se percibía a los inmigrantes legales como competencia laboral, simplemente porque éstos ocupaban en su gran mayoría puestos de trabajo que los autóctonos no cubrían. Pero la situación ha cambiado.
El trabajador “local” puede considerar al trabajador “inmigrante” legal, que está en situación de paro y percibiendo el seguro de desempleo, como competidor por un mismo puesto de trabajo. Resulta muy significativo que el pasado mes de febrero, todavía no inmersos en plena recesión, más de un 37 por ciento de los mallorquines consultados opinaran que “si un inmigrante se queda sin trabajo (…) tendría que ser expulsado”. Mucho me temo que este porcentaje hoy sería mayor.
Dentro de esta dinámica no deja de llamar la atención que el nuevo Ministro que tiene a su cargo la inmigración, Celestino Corbacho, plantee la posibilidad de “facilitar” el regreso a su país de origen a los inmigrantes legales, algunos de ellos con años de residencia entre nosotros, adelantándoles si es preciso los euros correspondientes a su seguro de desempleo. Como escribía Soledad Gallego-Díaz: uno de los argumentos subyacentes puede ser “la mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros”, intentándonos vender que se trata de facilitarles el regreso por razones humanitarias.
El segundo asunto merecedor de atención es el denominado proceso de “reagrupación familiar”. En la inmensa mayoría de casos, cuando una persona decide emigrar de su país lo hace con intención de regresar. Suele emigrar en solitario, hombre y/o mujer, dejando a sus más próximos (frecuentemente hijos) al cuidado de sus parientes. Lo que suele ocurrir con excesiva frecuencia es que la situación socioeconómica de su país que le ha conducido a emigrar no sólo no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado. Mientras esta persona inmigrada ha ido, lentamente y con muchas dificultades, consiguiendo un trabajo, alquilar un piso… Como es lógico, trascurridos años en tal situación sin posibilidades reales de regreso, se plantea el reunificar aquí a sus familiares más próximos. En muchos casos se trata de sus hijos que hace años no ha visto. Nuestras leyes posibilitan tal reagrupación. El proceso es largo y complicado pero, al menos en teoría, posible.
Pero hoy comienzan a oírse voces reclamando que se dificulte todavía más el proceso de reagrupación. El argumento es sencillo y claro : en la mayoría de casos, especialmente cuando se trata de hijos menores, posibilitar que tales personas puedan trasladarse aquí con sus familiares significa aumentar los gastos en servicios públicos sin que aporten como contrapartida ni un euros. Léase, entre otros, educación y sanidad. El razonamiento es impecable, pero perverso. Tales personas, inmigrantes legales, han sido fundamentales para garantizar en tiempos de vacas gordas nuestro crecimiento económico. Pero ahora, que nos vienen mal dadas, comenzamos a considerarlos como un inconveniente por el uso que hacen de los servicios públicos, aunque al tratarse de legales hayan cotizado a la seguridad social y pagado sus impuestos. En román paladino los consideramos como una mercancía de usar o tirar en función de su utilidad.
Termino afirmando que no pretendo pecar de ingenuo, negando el problema. Pero sí afirmo que no se puede “solucionar” simplemente negando a tales personas, porque son personas aunque sean inmigrantes, negándoles el pan y la sal. Son ciudadanos como nosotros, después de años de convivencia en un mismo territorio, con nuestros derechos y deberes. Para que no se me acuse de paternalista, realzo también sus deberes además de sus derechos.

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