) 220) Violència escolar (I): Autoritat pública per als professors

La medida les otorga presunción de veracidad pero más sanciones si se extralimitan. Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad. La medida, que recogerá la futura Ley de Autoridad del Profesor anunciada ayer por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, excluye a los docentes de educación primaria y secundaria de los centros privados y concertados, según confirmó ayer la propia Aguirre, al finalizar su discurso en la Asamblea, pese a lo anunciado el día anterior por el propio Gobierno regional. "Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los públicos", precisó Aguirre, que recordó que los funcionarios superan unas oposiciones para acceder al puesto. En su alocución en el hemiciclo, la presidenta justificó que los maestros sean autoridad en diversos informes que indican que los profesores "destinan una tercera parte del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos". También aseguró que las comisiones de estudios recogen con frecuencia datos de "agresiones a profesores y otros actos de indisciplina". No dio más detalles. "Creemos que educar para la ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada y respetar a la autoridad", recalcó la presidenta regional, en una velada crítica a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la ha enfrentado al Gobierno central. "No puede haber libertad sin reglas", zanjó. La novedad de la norma es que otorga rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con los médicos, policías o magistrados, entre otros. La Comunidad de Madrid tiene competencia, en su territorio, para fijar quién es autoridad pública. Al mismo tiempo, puesto que el Código Penal recoge como delito de atentado las agresiones a la autoridad pública -sin precisar quién tiene tal condición-, en cuanto entre en vigor la nueva ley automáticamente los ataques a los maestros serán castigados con más dureza. Hasta ahora la única protección era una circular de la Fiscalía General que recomendaba a los fiscales calificar como delito los ataques a los maestros. Esta medida no obligaba a los jueces en su fallo; sí lo hará la ley. El rango de autoridad otorga a los maestros la presunción de veracidad, que hace que su palabra tenga más valor. Pero también acarrea sanciones más graves si se extralimitan en sus funciones y pueden ser denunciados por falsedad en su testimonio y por abuso de autoridad. REACCIONES AL ANUNCIO DE AGUIRRE OPOSICIÓN. "Una auténtica chapuza improvisada" El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fue ayer muy crítico con la medida de Aguirre, a la que calificó de "auténtica chapuza". El secretario general del PSM se basa en que el Ejecutivo regional "no tiene competencia para modificar el Código Penal". Para IU el anuncio de Aguirre, "además de no ser novedoso, es meramente propagandístico e intenta desviar la atención sobre los problemas reales de la educación madrileña. Es decir, sobre la falta de recursos o la alta tasa de fracaso escolar". SINDICATOS. "Una aspiración histórica" El sindicato mayoritario en la enseñanza pública, Comisiones Obreras, señaló ayer a través de un portavoz que el profesorado "necesita el respaldo decidido e incondicional de las administraciones para evitar agresiones", para lo que estima "imprescindible" concienciar a padres y a alumnos. Por su parte, ANPE-Madrid (Asociación Nacional de Profesores de España) ha recalcado en un comunicado que era "una histórica aspiración de nuestra organización por el deterioro del clima en los centros". PADRES, "La educación no puede estar peor" Luis Carbonell, el presidente de la Confederación Católica de Padres, valoró positivamente la medida, tachándola de "perfecta" y advirtiendo de que estamos "en un momento en que la educación no puede estar peor". Muy distinta visión a la de José Luis Pazos, de la FAPA Giner de los Ríos. Esta asociación opina que lo anunciado "no es nuevo porque ya hay un artículo del Código que habla de ello" y que, además, "no aporta nada" para solucionar "un fracaso escolar que está anclado en el 30% del alumnado". INSTITUCIONES. "Las familias no valoran a veces a los docentes" Arturo Canalda, defensor del menor, respaldó ayer la decisión de Aguirre por "la necesidad de reconocer claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel de los docentes". La consejera de Educación, Lucía Figar, precisó que esta figura de autoridad otorgada a los profesores "implica fundamentalmente la presunción de veracidad", que, en su opinión "funciona mucho en términos de disciplina y convivencia". Gabilondo quiere tratar la autoridad del profesor en el pacto educativo La fiscalía ya consideraba como atentados las agresiones a los docentes. "A mí me hubiera gustado más que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y político por la educación", dijo ayer el ministro de Educación Ángel Gabilondo, sobre la intención de la Comunidad de Madrid de reforzar el respeto a los docentes a través de la Ley de Autoridad del Profesor, que otorgará a los maestros rango de autoridad pública. "A mí me hubiera gustado más que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y político por la educación", dijo ayer el ministro de Educación Ángel Gabilondo, sobre la intención de la Comunidad de Madrid de reforzar el respeto a los docentes a través de la Ley de Autoridad del Profesor, que otorgará a los maestros rango de autoridad pública. El anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha sido recibido entre el entusiasmo de unos (el sindicato Anpe o los padres católicos), el recelo de otros (UGT, CC OO o el Ministerio de Educación) y alguna abierta oposición (los padres de la asociación laica Ceapa). Gabilondo dijo que hay que contemplar la medida con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener la calificación de autoridad pública -si se agrede a una autoridad pública, la pena es mayor, y por el principio de veracidad su palabra tendrá más valor en caso de conflicto-, y se mostró más partidario "de encontrar soluciones integrales que no sean dotar de autoridad sin más, sino que también haya medidas sociales que atiendan cuál es la situación general, no sólo de la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos". En cualquier caso, la idea de dar a los profesores el rango de autoridad pública no es nueva. En La Rioja y la Comunidad Valenciana ya se les reconocía como tal, aunque con un rango menor al de ley -en sus decretos de convivencia-, explica Carmen Guaita, responsable de Comunicación de Anpe, uno de los grandes defensores de la medida. Por otro lado, Cataluña sí lo reconoce en su ley educativa, pero sólo a los directores. Además, la Fiscalía General del Estado ya dijo en diciembre de 2008 que una agresión a un profesor -también a un profesional sanitario- debe considerarse como atentado a una autoridad pública. De hecho, Cataluña no creyó necesario extender la medida más allá de los directores porque ya hay jurisprudencia en ese sentido: "Ha habido al menos dos fallos de los tribunales que han considerado a docentes que han sido agredidos autoridad pública a instancias del fiscal y del Departamento de Educación de la Generalitat", dijo un portavoz. Carmen Perona, de los servicios jurídicos de CC OO, explicó que la diferencia es que ley es de obligado cumplimiento, mientras que la fiscalía da orientaciones y después son los jueces quienes deciden. Pero, más allá de la ley que plantea Madrid (que no reconoce como autoridad, igual que la fiscalía, a los docentes de la concertada y la privada) el debate está abierto, quizá por la preocupación de una parte del profesorado porque consideran que, efectivamente, han perdido autoridad ante alumnos y padres. Esto es lo que creen desde Anpe, que celebran la decisión madrileña. Carmen Guaita dijo que se trata de un reconocimiento legal que sirve como espaldarazo de un respaldo social perdido. Eso, a pesar de que reconoce que la medida, pensada para casos excepcionales como son las agresiones a profesores, "en el día a día de los centros no supone un gran cambio". A CC OO y UGT Madrid, por su parte, la medida en sí misma no les parece mal, aunque recelan. "Simplemente es una cortina de humo" y "absolutamente insuficiente", dijo Francisco García de CC OO. Para Pedro Rascón, presidente de la confederación laica de padres Ceapa, la propuesta madrileña es un "despropósito total y absoluto" y aseguró que la autoridad no se puede fijar por decreto. "Esto me recuerda demasiado a la vara de avellano y el miedo en clase de tiempos pasados que creíamos superados", dijo Rascón. Pero las asociaciones Concapa (católica) y Cofapa aplaudieron la medida: "Todo lo que se haga para reforzar la autoridad y el respeto hacia los docentes me parece perfecto", dijo Luis Carbonel, presidente de Concapa. Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el pasado julio su partido ya pidió que los profesores de toda España fueran autoridad pública y José Antonio Alonso, portavoz del PSOE, aseguró que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es competencia del Estado, y no de una comunidad.

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