) 241) Dues lletres

En esa historia que se sostiene sobre dos letras (UM, de Unió Mallorquina) no se pueden usar todas las palabras para explicar su dimensión y protagonistas Esa historia se sostiene sobre dos letras y no se pueden usar todas las palabras para explicar su dimensión y protagonistas. “En 30 años de estar en la política nunca estuve en la oposición”, dijo Antoni Pascual, ex secretario general de Unió Mallorquina (UM) y vicepresidente del Consell de Mallorca desde los noventa, al apartarse de su eterna silla en la mesa del poder. El personaje Pascual nació de alcalde casi perenne (por las urnas) de Ariany. En el micromunicipio (era de Petra) encabezó la Agrupación Vecinal Independiente, la Agrupación Progresista y la Agrupación Independiente Democrática. Propietario turístico y de gasolineras, socio de hombres del PP (Juan Verger y Andrés Riera), tiene residencia en la Costa de los Pinos y caza en África. Ex diputado, figura denunciado en el caso peaje de la carretera de Manacor, por ser el consejero de Obras Públicas. Su mano derecha, el director de Carreteras, Gonzalo Aguiar, imputado y detenido —siguió en el cargo en el Consell—, fue ejecutivo de Melchor Mascaró, constructora de confianza de UM (y del PP y del PSOE). La firma ejecutó muchas carreteras, el Palma Arena, el Metro, el hospital de Son Espases, los hipódromos… L'amo en Sion Mascaró empleó —en el tren a Inca-Manacor y carreteras y rondas— la maquinaria de la firma Bamusa de Miguel Munar y de su esposa, Maria Antònia Munar. Alcaldesa, consejera, presidenta del Consell y hoy del Parlamento, Munar es la matriarca y en la realidad líder del partido de las dos letras, única que sobrevive en la cima desde la transición. Munar parece blindada desde 1979 y da cuotas alternas al PP y el PSOE. Dura y fría, sin cámaras, cara a cara, espera el menú frío de la vendetta. Vio caer de las fotos y los días de gloria a sus aliados del PP: a Gabriel Cañellas lo destituyó y quiso tragarse a UMpatrocinando tránsfugas, a Jaume Matas lo dejó con la boca abierta en 2007, sonrió por los tropiezos de Estarás y alentó la destitución interna de su delfín, Miquel Nadal, porque le hizo una afrenta. En la política no hay vacíos. Un liderazgo tapa al anterior. Así se olvidó a Jeroni Albertí. Su retrato de la web es un recorte y la foto oficial fue descolgada un tiempo de la sede. Albertí se arriesgó en 1983, dejó el cargo y la UCD para inventarse la UM regionalista con otros: Pere J. Morey, Antoni Borràs, Maximiliano Morales (con sus líos judiciales), Miquel Pascual... El ex patriarca Albertí fue a las urnas por UCD en 1979 millonario y con hoteles, y salió a las dos décadas sin nada, con préstamos de amigos y la subasta de sus dos casas perdonada por Banca March tras el fiasco de las inversiones que dejó de gestionar. Los cachorros de UM que se quedan sin sueldo van a la ventanilla a solicitar el cobro del subsidio de paro. Francesc Buils, al ser cesado de la Consejería de Turismo, pleiteó y cobró la ayuda del desempleo. El estallido de la mayoría del Consell sucedió por la caída del secretario general, Damià Nicolau, por una petición de tres años de cárcel por malversación y prevaricación, y de cuatro y medio para otro ex secretario de UM, el diputado suspendido de militancia Tomeu Vicens. Nicolau dejó de ser el jefe de la Empresa de Agua y de Calidad Ambiental y anunció que cobraría el paro y lo invertiría en la reformar y legalizar la matanza familiar de Can Not de Porreres, con una red comercial de sobrasada sumergida, sin marca pública ni etiqueta del consejo regulador. Una empresa con “labores propias de matadero” y “explotación de establecimientos turísticos”. La UM de siempre ha situado en la secretaría a Joan Monjo, ingeniero de Gesa, urbanizador y promotor, apoderado empresarial y ex responsable de urbanismo, pactos y líos del pueblo. Un prototipo, inquietante, de las dos letras. El vértigo actual aparece por las caras y cargos en escándalos en el vacío, a la vista de los tribunales. El final afectará a una suma de personas entrelazadas en la Administración, empresas municipales, insulares y baleares: unas 700 personas en nómina, la base y la cúpula.

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