) 320) ¿Qué pacto para la educación?

En los medios de comunicación, en el área relacionada con la actualidad política y social, una de las palabras que más se ha utilizado en los últimos tiempos ha sido “pacto”. Con mayúscula, como sinónimo de gran acuerdo, de compromiso de Estado para solucionar algún grave problema, de acercamiento de voluntades y posiciones para mejorar una parcela de la vida y actividad pública. Pero también con minúscula, como sinónimo a veces de tejemaneje, de chanchullo, de trueque, de “¿qué hay de lo mío?”. Ejemplos vergonzantes de este último uso los hemos tenido con los pactos realizados para salvar los Presupuestos Generales del Estado o para “comprar” votos con los que sacar adelante la nueva legislación del aborto libre.

Vamos a referirnos a una propuesta de pacto, de Pacto, en el primer sentido antes citado: Pacto de Estado para la Educación. Lo primero que debemos decir es que nunca es tarde si la dicha es grande. Bienvenido el nuevo talante, esto sí que lo es y no lo que nos vendía el Señor Presidente –por cierto, ya ni siquiera disimula-. Bienvenido el nuevo talante, decíamos, del Ministro de Educación, Don Angel Gabilondo. Las intenciones, de momento, parecen positivas, tanto en el asunto del pacto como en la anunciada promesa de recibir al movimiento objetor al nefasto grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía.

¿Cómo negarse a un pacto, si la palabra, en el primer sentido antes señalado, goza de tan buena prensa? ¿Cómo no aceptar un Pacto de Estado? Pacto, sí. Pero no como sea y al precio que sea, al estilo Rodríguez Zapatero. No queremos un pacto como sea, de cualquier manera, para salir del paso, para ganar tiempo o para engañar, como siempre, a la opinión pública. No queremos un pacto a cualquier precio, pues los pactos del Presidente suelen salirnos muy caros a todos los ciudadanos. A casi todos, pues siempre salen ganando los mismos: los que constituyen el número mínimo de votos necesarios para ir sacando las leyes y proyectos del Gobierno. No parece esa la intención del Ministro Gabilondo, pero los antecedentes, en su propio ministerio y en todo el Gobierno, son tantos y tan negativos que nos obligan a desconfiar. Por lo tanto, por supuesto, pacto -Pacto- sí, pero, ¿qué pacto para la educación?

En primer lugar, tendría que ser un pacto que partiera de cero, que construyera sobre bases completamente nuevas. Un simple parcheo del sistema educativo, pésimo en la actualidad como atestiguan todos y cada uno de los estudios y evaluaciones internacionales, basado en los principios del complejo LODE-LOGSE-LOE, sería terminar de arruinar para siempre el futuro de España. La LOE, ley vigente, acabó de un plumazo, y de forma bastante torticera por vía de real decreto, con el tímido intento de rectificación de la LOCE de la segunda legislatura de los gobiernos de Aznar. La LOE no ha hecho más que agravar los problemas que ya crearon las leyes anteriores. En lugar de mejorar, hemos seguido empeorando en todos, o casi, los indicadores educativos. Por lo tanto, se necesitaría un cambio de principios, un cambio de paradigma, de modelo. No es anecdótico, en mi opinión, que este sistema haya generado gran cantidad de análisis, generalmente muy críticos, con títulos tan significativos como “La enseñanza destruida” (ORRICO), “El destrozo educativo” (SALVADOR), “La secta pedagógica” (RUIZ PAZ), “El profesor en la trinchera” (SÁNCHEZ TORTOSA), “Panfleto antipedagógico” (MORENO CASTILLO) o “La gran estafa: el secuestro del sentido común en educción” (DELIBES).

En segundo lugar, se debería establecer con absoluta claridad la necesidad de respetar, en el espíritu y en la letra, lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española. Estamos hablando de libertades. La primera de ellas, en este ámbito, tiene que ser la libertad educativa de las familias: la posibilidad real de elección del modelo educativo que desean para sus hijos, el respeto a sus propias convicciones como primeros responsables de la educación de sus hijos. Si no hay alternativas reales no existe verdadera libertad de elección. Un pacto por la educación que no contemplara esto sería una gran ocasión desaprovechada. Las demás libertades –de cátedra, de creación de centros- deben estar al servicio de la libertad de elección de las familias. Precisamente esta libertad es la que justifica la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica: repetimos, sólo con alternativas reales la libertad es efectiva y no meramente formal.

Otro aspecto fundamental que el pacto debería contemplar es el tratamiento adecuado de la asignatura de religión. Religión Católica u otras, Historia de las Religiones, Cultura Religiosa. Sólo desde la cerrazón ideológica o desde el laicismo más agresivo y retrógrado se puede negar a los alumnos el derecho a conocer un elemento fundamental de todas las culturas y civilizaciones, y especialmente de la cultura occidental: el hecho religioso. Hablamos de clase de religión, no de catequesis ni de proselitismo. No es justo obligar a los alumnos a desconocer una parte fundamental de su patrimonio histórico, artístico y cultural. Es, además, un derecho que reconocen tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Constitución y los acuerdos, plenamente constitucionales, Iglesia-Estado, por no hablar de la vigente –aún, tendremos que decir dado el empeño laicista de nuestros gobernantes-, Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

En cuarto lugar estaría la necesidad de buscar una solución satisfactoria al problema planteado con la imposición del grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Diga lo que diga el “argumentario” oficial del PSOE y del Gobierno, este asunto aún no está zanjado del todo, por desgracia para algunos: sigue sub iudice, y estamos en un Estado de Derecho, de momento. Parece que el Señor Gabilondo se ha tomado mucho más en serio que todas sus predecesoras, y que buena parte de la intelectualidad orgánica de nuestro país, la realidad y la seriedad del movimiento objetor y de las razones para una oposición tan sólida y contundente a la asignatura. No reiteraremos aquí los múltiples aspectos negativos de esta asignatura, tal como está concebida en la actualidad. Todo lo que exceda del estudio de la Constitución, los Derechos Humanos y la organización de la vida social y política, sobra. Y créanme, los que no conozcan la dichosa materia, que actualmente sobran muchas cosas: opciones ideológicas, relativismo moral, crítica a la religión, educación afectivo-sexual (muy mal orientada, por añadidura), ideología de género, formación de la conciencia moral de los alumnos –incluso desde los 10 años, señores-, intervención en los hábitos y conductas.

Por último, el pacto debería plantear de una forma correcta las relaciones entre los diversos modos de desarrollar la educación: público y de iniciativa social, ya sea concertada o no, laica o religiosa. El eterno enfrentamiento, generalmente unidireccional, entre enseñanza pública –que ésta sí tiene, por cierto, un mandato constitucional de neutralidad- y enseñanza privada, debería desterrarse. Son dos subsistemas complementarios que se necesitan mudamente y que permiten, al menos en teoría, el ejercicio de las libertades en el ámbito de la educación.

El pacto, un Pacto de Estado por la Educación, es urgente y necesario. No podemos seguir así si queremos que España recupere el lugar en que debería estar por tradición, por historia. Teníamos un buen sistema educativo: los alumnos salían bien formados, que es lo fundamental del esfuerzo educativo de un país. No podemos permitir que, de nuevo, los prejuicios ideológicos vuelvan a tirar todo por la borda. El trabajo es titánico pero, por primera vez en muchísimos años, parece que el Ministro está dispuesto a afrontarlo. Que no quede por nosotros.

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