) 386) Las prevaricaciones del juez Garzón

El juez Garzón no deja indiferente a nadie. Odiado o admirado. Otros, aceptando ciertas disconformidades con algunas de sus actuaciones y actitudes, consideramos que su balance es positivo para la salud democrática de la justicia. Pero Garzón no debe ser el principal protagonista, sino el significado político de la pretensión de sentarlo en el banquillo de los acusados por haber osado a bucear en los 40 años de franquismo, así como descalificarlo por atreverse con la trama Gürtel.
La Ley de la Memoria Histórica parecía el instrumento adecuado pero, a los hechos me remito, su aplicación ha provocado más frustraciones que reparaciones. Siguen durmiendo el sueño de los injustos miles de personas víctimas de asesinatos, de olvidos y de desprecios. Garzón, desde la Audiencia Nacional, decide abrir el armario cerrado a cal y canto del franquismo. La reacción no se hizo esperar. Dos grupúsculos de extrema derecha, la Falange y un pretendido sindicato autodenominado Manos Limpias denuncian a Garzón por prevaricación, pidiendo su inhabilitación (que puede llegar a 20 años), al no haber considerado la amnistía decretada en la Transición. La Fiscalía se opone a que tal denuncia se tramite. Pero el Supremo acepta la denuncia en todos y cada uno de sus contenidos. Tal kafkiana situación, ¡mira por donde!, coincide con una providencia del mismo Garzón sobre la macrocorrupción del caso Gürtel que, presuntamente, afecta no sólo a personas relevantes del PP sino también a la financiación del partido. Se recurre su actuación por haber intervenido conversaciones telefónicas entre abogados y clientes.
Después de los hechos, unas consideraciones. La justicia sin duda debe administrarse desde las leyes. Pero también es inevitable una cierta discrecionalidad interpretativa, no arbitrariedad, simplemente porque la justicia no se aplica en abstracto, sino en un contexto sociopolítico determinado. La justicia angélica e intemporal puede ser la mayor de las injusticias. Referirse al tempus político no supone necesariamente vincular la justicia a intereses partidistas, sino al interés general (Política, en mayúsculas, significa gestión de lo público). Aun admitiendo que la tramitación de Garzón no fuera la adecuada ni en un caso ni en otro, aspecto discutido por juristas de prestigio, la Justicia no puede ni debe hacer abstracción de los contextos. Es democráticamente injusto que Garzón se convierta en el muñeco a batir por el franquismo sociológico y político, consiguiendo sentar al juez en el banquillo de los acusados. En la trama Gurtel, los populares, además de crear un clima de confusión en base a Garzón, pretenden incluso deslegitimar a las fuerzas de seguridad del Estado, porque el caso sigue vivo y coleando a pesar de haberse anulado las escuchas.

Tales contextos sociopolíticos no son ajenos a las reacciones ciudadanas, de los medios y partidos políticos, a favor o en contra de la gestión judicial. Reacciones que se focalizan precisamente (no por casualidad) en la persona de Garzón, al haber tenido la iniciativa de las denuncias. Pero, aunque se puedan haber producido excesos en determinadas declaraciones, no sólo pero también, en el ámbito de los defensores de las actuaciones judiciales de Garzón, es legítimo que los ciudadanos hagan uso de su derecho de expresión y manifestación. Es saludablemente democrático que la ciudadanía diga basta a la corrupción y/o a los intentos de "tapar" los 40 años franquistas.
Hoy, transcurridos más de 30 años desde que se optó por una transición democrática que no pisara callos, es legítimo y necesario recuperar las verdades de nuestra historia reciente, entre otros motivos para no repetirla. Es imprescindible y urgente reparar los inmensos daños que se hicieron a personas que se han visto sumisas al olvido y al silencio, así como algo tan elemental como que los familiares puedan ubicar, reconocer, y dar digna sepultura, a miles de personas que mal reposan en fosas comunes o en cunetas. Es justo que se revisen y anulen sentencias, incluidas penas de muerte, que afectaron a ciudadanos y ciudadanas leales a unas ideas. Es inaceptable una ley de facto de "punto final".
Lo que está en juego no es sólo la carrera profesional de Garzón (con sus detractores y defensores), sino sobre todo un modo de entender la democracia. La vida democrática saludable debe impedir que la corrupción y los corruptos campen por sus anchas, debe rechazar el olvido y el desprecio hacia ciudadanos y ciudadanas víctimas reales de 40 años oscuros de nuestra reciente historia.

Política