) 416) Las medidas de Zapatero ¿Y ahora, qué?

Había consenso en que era preciso tomar medidas para frenar el deficit público, como condición necesaria para superar la crisis socioeconómica. Zapatero las ha tomado. Pero con matices existe coincidencia, a la que me sumo, en que lo ha hecho tarde y además de manera unilateral y desequilibrada. Se nota a faltar, como mínimo, unas medidas orientadas simplemente a que sean más solidarios (¡paguen más!) los que más tienen. Desde tal perspectiva es difícil de comprender (y aceptar) la afirmación de Salgado negando cualquier atisbo de reforma fiscal. El PP, siguiendo su arraigada costumbre, se opone todo por oficio y propone medidas alternativas que según los expertos supondrían un ahorro (?) de 111 millones. Las Comunidades Autónomas, donde se produce buena parte del gasto público, reaccionan de modo desigual según sea su color político. Los sindicatos rechazan tales medidas y amenazan con movilizaciones. Curiosamente aplaude tales medidas la CEOE, en palabras de su impresentable Díaz Ferrán que ha llegado a afirmar que hay que reducir las ayudas al desarrollo (¡se han disminuido en 600 millones!) porque los inmigrantes ya envían a sus familias remesas de dinero. Los ciudadanos que, además de los funcionarios y pensionistas, están sufriendo en sus carnes la crisis, viven en el desconcierto. Los recortes salariales y de otra índole ya se han producido, y siguen, en el sector privado. Me refiero en concreto a los parados (especialmente los de larga duración), a los que desconfían que este verano se les contrate (aunque sea temporalmente o en precario), los pequeños empresarios y un largo etcétera.
Al escribir estas líneas el gobierno que preside Zapatero no ha concretado todavía la letra pequeña (¡suele ser la relevante!). Nuestro Govern, considerando que es la comunidad autónoma que más redujo su presupuesto (un 6%) y que sigue pendiente nuestra injusta financiación, deberá tomar medidas para reducir nuestro déficit público y a su vez garantizar las prestaciones sociales básicas. Ello supone racionalizar la administración haciéndola más eficaz y con mayor control de su gasto. La ley de la gestión pública que se debate en el Parlament, y sobre la que parece darse un consenso suficiente, va en tal dirección. El recorte salarial a los funcionarios parece, según declaraciones de la consellera de Interior, que se aplicará según un baremo salarial que supondría que no afectará a todos con la misma intensidad. Está sobre la mesa la reducción de un 15% de los sueldos de los cargos públicos. El problema puede darse en la posible reducción de determinadas inversiones procedentes de los recursos estatales, especialmente si en determinados casos pueden afectar a actuaciones necesarias para reactivar nuestra economía.

Repitiendo que no tengo claro que estas medidas sean las justas y adecuadas, vamos a suponer (¡no sé si es mucho suponer!) que sean eficaces y frenen la hemorragia de un gasto público irracional. Pero, ¿es suficiente? Claramente, no. Es evidente que hay que mantener las prestaciones sociales básicas como pueden ser, entre otras, la cobertura al desempleo. Pero el objetivo es que tales personas actualmente en paro. o en situaciones similares de emergencia, se reincorporen a la vida activa, al mercado de trabajo. En consecuencia es necesario y urgente reactivar nuestra economía con el objetivo de garantizar unos índices básicos de bienestar y de empleo estable. Nuestra economía es escasamente competitiva, se sigue fundamentando en una actividad intensiva temporal, la red de pequeñas y medianas empresas siguen sufriendo graves dificultades y más allá de las buenas palabras con dificultades de acceso al crédito. Aquí está la madre del cordero. Los sindicatos, no es una crítica sino una constatación, además de defender a los asalariados con un trabajo estable y no aceptar recortes salariales, deberían apostar más decididamente a favor de los que no tienen empleo, o si lo tienen es precario y de baja calidad. Los fantásticos pactos de competitividad y de ocupación ¿en qué se han concretado? ¿Cuáles son sus propuestas concretas y operativas? ¿Cuáles son sus resultados?
Concluyo. Las medidas de ZP, con ser necesarias, son tardías, unilaterales y desequilibradas. Es lógica la reacción negativa de amplios sectores ciudadanos. Pero, y ¿ahora qué?

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