ARXIU DE LA FUNDACIÓ GADESO
619) El control del dinero público
Cuando se produjo el crack del 29, la solución de las autoridades americanas para controlar a los administradores de las sociedades bursátiles, ante la inoperancia de las juntas de accionistas y la debilidad de los inversores, fue la de obligarles a informar al mercado de valores de forma amplia sobre su gestión, lo que implicaba comunicar al mercado sus cuentas anuales y otra información contable debidamente auditada, a fin de que no hubiera dudas de que se ofrecía al mercado la imagen fiel de la marcha social. Así se pensaba y se sigue pensando que los administradores de las sociedades procurarán gestionar bien el patrimonio de la entidad porque deberán luego comunicar al mercado el resultado de su gestión, de forma que si lo hacen mal, al final los analistas del mercado lo detectarán, lo que provocará que las acciones bajen y ante ello los administradores podrán hacer dos cosas: rectificar, con lo que al final el mercado les ha enseñado el camino, o no hacerlo, lo que determinará que las acciones sigan bajando hasta que su precio posibilite que a través de una opa un grupo rival tome la gestión.
Con el tiempo, este sistema del control basado en la transparencia, que sufrió diversos ataques en los ochenta sobre la base de la desregulación, ataques que han sido una de las causas de la actual crisis, se ha intentado trasladar al sector público, sobre todo cuando en este han proliferado, seguramente en demasía, las sociedades públicas, pero es lo cierto que los intentos en nuestro país y en nuestra autonomía han sido limitados y con escaso éxito.
En efecto, además de crearse controles internos, la intervención, de la misma forma que las sociedades cotizadas tienen comités de auditoría en el seno de sus consejos, el Tribunal de Cuentas estatal o la Sindicatura de Cuentas balear, al tener medios humanos y materiales limitados, solo pueden realizar una auditoría financiera, o sea, comprobar que lo que reflejan las cuentas públicas es fiel reflejo de la realidad, de parte del sector público.
Y, sobre todo, resulta que esta auditoría financiera es sólo una de las piezas del control. En efecto, no basta con comprobar que las cuentas públicas reflejan la realidad, sino que, de la misma forma que los analistas en el mercado de valores al analizar la información contable auditada pueden evaluar si los administradores sociales gestionan bien o mal, la forma de realizar tal evaluación en el sector público es a través de las denominadas auditorías de gestión: aquí lo que hace el auditor es analizar el por qué del gasto, el cómo del gasto y la rentabilidad obtenida por el mismo, o sea, si los fondos públicos se gestionan de forma eficaz. Si es así, perfecto; si no, hay que modificar el presupuesto y, quizá, a los gestores. Y esta es la forma real de conseguir el control del dinero público.
Pues bien, en nuestra comunidad autónoma no se puede realizar ninguna auditoría de gestión –y no se hacen todas las financieras que deberían hacerse–, de forma que todos intuimos que se gastan los ingresos que cada vez cuesta conseguir de forma sumamente ineficaz –al margen de las desgraciadas situaciones de expolio que acaban algunas de ellas en los juzgados penales–, pero no hay forma real de poner remedio a ello. Y si malgastar siempre es malo, peor es malgastar los recursos públicos y malgastarlos cuando hay una situación de crisis profunda es imperdonable.
Por tanto, parece evidente que si los actuales responsables públicos quieren gastar mejor, elaborar presupuestos coherentes y controlar a los gestores públicos, deben realizar antes de preparar los presupuestos del año que viene auditorías financieras y, sobre todo, de gestión, de los ámbitos más relevantes del sector público. En caso contrario, los principios de eficiencia y equidad en la gestión de ingreso y gasto público podrían quedar seriamente cercenados. Todo ello es particularmente relevante en una situación como la actual, en la que si algo se nos ha mostrado es la vinculación entre la desconfianza sobre las cuentas de las administraciones autonómicas y locales y la prima de riesgo que ha alcanzado en días recientes los 300 puntos. Estamos ante una democracia relativamente débil que no genera confianza ante los contribuyentes, y para recuperarla debemos crear un clima translucido al objeto de evitar suspicacias que en nada favorecen a los dirigentes políticos
Y para acometer tal tarea, existen en el sector público la Sindicatura de Cuentas y toda una serie de funcionarios públicos competentes y muchas veces infrautilizados, y, como pese a todo serán insuficientes, hay también profesionales suficientes en nuestro sector privado, los auditores, que, si durante la primera mitad del año están ocupados con las auditorías de las sociedades mercantiles y su fiscalidad, en la segunda mitad que ahora empieza bien pueden ser una fuerza profesional a utilizar. Esta decisión corresponde al ámbito de los políticos, pero al del sentido común corresponde la conclusión de que sin auditorías financieras y de gestión no hay control y acometer la elaboración de los presupuestos sin ellas es una tarea inútil. Y ello no es más que una receta conocida: transparencia. Y nada mejor para ello que auditorías independientes que devuelvan la confianza a los ciudadanos y a los mercados.
Economia
AADD | Diario de Mallorca - 8-VII-2011