ARXIU DE LA FUNDACIÓ GADESO
669) Los seis pactos urgentes
Ya tenemos Gobierno. Un mes después de que el Partido Popular ganara las elecciones, Mariano Rajoy juró el pasado miércoles su cargo como presidente del Gobierno y formó su primer gabinete, con la pareja Luis de Guindos-Cristóbal Montoro al frente del área económica. El lunes y el martes había presentado su programa de gobierno en el debate de investidura, en el que fue claro en sus dos objetivos prioritarios: crear empleo y recuperar la posición perdida de España en el contexto internacional. Además, Rajoy insistió en que su forma de gobernar será la del "diálogo abierto a todos, dentro y fuera de esta cámara".
Sin entrar en las propuestas y los silencios de Mariano Rajoy durante las dos sesiones de investidura de esta semana (parece que el nuevo presidente se guarda la letra pequeña para después de las elecciones en Andalucía), los mensajes lanzados tenían unas intenciones claras para cada uno de sus públicos objetivos. A los españoles, que se va a empeñar en estimular la economía para crear empleo y que no va a dejar en la estacada a los más desfavorecidos (los pensionistas). A los socios europeos, que va a cumplir los compromisos adquiridos en cuanto a política de austeridad, para volver a ser uno de los países serios de la UE. Y a las fuerzas sociales, económicas y políticas, que quiere dialogar y negociar sus medidas, pero que piensa gobernar con o sin acuerdo.
Partiendo de la base de que todos los presidentes de Gobierno (Rajoy es el sexto de la democracia española) llegan con muy buenas intenciones y bastante sinceridad (ya han ganado las elecciones), y que en este caso tiene la política económica hipotecada por la crisis, hay que darle un cierto margen de confianza. Aunque, como decíamos en este mismo blog hace menos de un mes, el nuevo presidente no puede fallar en sus primeras medidas de política económica (Rajoy tiene solo un disparo, se titulaba el artículo).
Por ello, si el líder del PP quiere hacer efectiva su triple promesa ("concentrar todos los esfuerzos en la creación de empleo, reservar un lugar para nuestros hijos en un mundo que cambia y gobernar desde el diálogo y la transparencia al servicio de unos objetivos compartidos"), debería emplearse a fondo para sacar adelante seis acuerdos que aglutinen al mayor número de personas posibles: empleo fiscal, financiero, autonómico, educativo e institucional.
1. Pacto por el empleo. Es probablemente el más difícil de todos. No por el objetivo en sí mismo (¿quién se va a oponer a un acuerdo para crear empleo?), sino por la dificultad de llevarlo a cabo. España forma parte de un club, la Unión Europea, en el que la austeridad fiscal está hoy por encima de todo y, como no se puede soplar y sorber a la vez, no son planteables estímulos presupuestarios directos para incentivar el crecimiento económico y, por tanto, crear empleo.
En este contexto, ¿qué se puede negociar para intentar acabar con la sangría de pérdida de puestos de trabajo? Solamente reformas estructurales. De todas ellas, las que debería plantear con más urgencia el nuevo Gobierno a los agentes sociales y económicos son las reformas de contratación y de negociación colectiva. Además, sería bueno acordar con el máximo de fuerzas políticas, determinadas reformas de impuestos que incentiven al empresario a crear empleo, así como medidas liberalizadoras de la economía.
2. Pacto fiscal. El nuevo Gobierno ha asumido sus funciones con parte de los deberes fiscales hechos. PSOE y PP acordaron el pasado otoño una reforma de la Constitución que asegure el equilibrio presupuestario en España, después de año y medio de duros recortes del gasto público. Pero ahora hay que poner el cascabel al gato (o al gasto) y decidir en qué se concretan los recortes y los nuevos ingresos para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Del discurso de investidura de Rajoy se deduce que solo con las medidas anunciadas, y sin subir impuestos, es imposible reducir el déficit a los niveles comprometidos para 2012 y 2013. El primer reto del nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es consensuar todo lo que pueda los Presupuestos de 2012. Debería buscar el mayor número de aliados posible, aunque su track record en la pasada legislatura (negó el pan y a la sal al Gobierno socialista) se lo va a poner difícil.
3. Pacto financiero. Es imposible volver a la senda del crecimiento económico sin solucionar los problemas del sector financiero y que el crédito vuelva a fluir para las empresas y las familias. La barra libre de dinero concedida por el Banco Central Europeo, y que se ha concretado en cerca de medio billón de euros en créditos a la banca europea, ha solucionado los problemas de liquidez de bancos y cajas, pero no los de solvencia para aquellas entidades en apuros. Es urgente un acuerdo con los grandes bancos y cajas para cerrar de una vez para siempre la crisis de determinadas entidades (no tiene sentido que sigan vivas algunas entidades zombis), avanzar en el proceso de consolidación y buscar una solución rápida a los 300.000 millones de euros de deuda inmobiliaria.
4. Pacto autonómico. El PP y sus aliados naturales gobernarán en 14 de las 17 autonomías (contando con una victoria en Andalucía en marzo). Es el momento de plantear una reforma a fondo en el sistema autonómico español, que evite duplicidades y asegure el mantenimiento de los servicios básicos transferidos (sanidad y educación, sobre todo). El acuerdo debería extenderse a los Ayuntamientos.
5. Pacto educativo. Esta es una de las auténticas políticas de Estado que, sin embargo, los sucesivos Gobiernos de uno y otro signo han ignorado en sus pactos políticos. Ya es hora de plantear un gran acuerdo por la educación que marque la pauta para el desarrollo de la enseñanza, tanto en lo nacional como en lo autonómico, y tanto en la educación primaria o secundaria, como en la universitaria o la formación profesional. Es, sin duda, una de las claves para que España ocupe el nivel que se merece en el entorno mundial.
6. Pacto institucional. No tiene sentido que estén pendientes de renovación los cargos de las más altas instituciones del Poder Judicial español ni que, como sucedió hace ahora ocho y dieciséis años, vayan a cambiar miles de altos cargos por el mero hecho de que cambie el gobierno. ¿Por qué no plantear un pacto institucional que despolitice los puestos que nunca debieron politizarse? La lista es enorme.
Política
Ayuso, Javier | El País - 5-I-2011