772) ¿Reválida para quién?

“Las pruebas establecidas en determinados momentos del proceso educativo producen estrangulamientos importantes... El porcentaje de estudiantes que repiten curso en los distintos niveles educativos o en el tránsito de uno a otro grado de la educación es muy alto en España y comporta graves consecuencias de frustración individual, malestar familiar y recargo de costes de la educación para la familia y el Estado. Además, si el número de estudiantes suspendidos excede de un porcentaje razonable, se impone la necesidad de un análisis de causas, entre las que podrían estar la exigencia de niveles excesivos de conocimientos, la falta de adecuación y eficacia de los métodos didácticos o una orientación de la enseñanza que lleva a seleccionar a unos pocos, en vez de concebirla como un servicio de ayuda y promoción de todos.” Este no es el diagnóstico actual de ningún psicólogo constructivista, pedagogo innovador o sociólogo radical, sino el que en 1969 hicieron los tecnócratas del régimen franquista. La cita está sacada del Libro Blanco de la Educación en España, que dio origen a la Ley General de Educación de 1970 –popularmente conocida como “ley Villar”–. En este mismo documento se critican abiertamente la sinrazón –por jugarse a una sola carta el trabajo de cuatro años– y el fracaso rotundo de los exámenes de grado elemental (reválida de cuarto) y de grado superior (reválida de sexto), que tan solo fueron superados por el 50% del alumnado. Y consecuentemente, la mencionada Ley introdujo la evaluación continua del alumnado –en consonancia con la mayoría de los países con cierto crédito de modernidad pedagógica–, en la que se contemplan los distintos aspectos formativos, más allá de una prueba apresurada en la que se valoraba, en clave memorística, solo un tipo de conocimientos. Pero el equipo ministerial que preside José Ignacio Wert no entiende de modernidades y nos traslada de nuevo a la edad media de la pedagogía. Quizás porque piensa que cualquier pasado –incluido el de los más oscuros años franquistas– fue mejor. Sí, vuelven las reválidas al término de Primaria –y quien no supere la prueba tendrá que repetir curso–, de la ESO y del Bachillerato. A este paso se impondrá también la reválida al término de la Educación Infantil para que la selección y discriminación sociocultural se legitime desde los primeros años escolares. Pruebas unificadas a nivel nacional, obviando, además, las competencias educativas de las comunidades autónomas (el detalle de estas medidas puede consultarse en la sección Actualidad de este mismo número). ¿Dónde queda la autonomía de los centros, cuya capacidad de tomar decisiones en todas las secuencias del proceso de enseñanza y aprendizaje es uno de los factores de éxito de la escuela inclusiva, según las investigaciones y evaluaciones internacionales más solventes? ¿Qué función se atribuye a los proyectos educativos, a los equipos docentes y a la profesionalidad del profesorado si sus criterios y actuaciones quedarán totalmente hipotecados por la aplicación de unas pruebas estandarizadas, que pueden hacer tabla rasa de lo realmente enseñado y aprendido, y por el poder de unos tribunales externos que desconocen el contexto y la evolución del alumnado? Es evidente que si el actual ministro de Educación se sometiera a la reválida de su gestión del sistema educativo –y sería conveniente que lo hiciera lo antes posible–, buena parte de la comunidad educativa lo suspendería: porque su propuesta de reforma segmenta y fragmenta el sistema escolar, genera más desigualdad e injusticia social, desmantela y empobrece la escuela pública, suprime la Educación para la Ciudadanía, restringe la formación integral y pone serias trabas al desarrollo de la innovación pedagógica. Aunque las ocurrencias del Sr. Wert, con los tiempos bien medidos del ideario conservador del Partido Popular, serán aplaudidas por los lectores partidarios de un sistema educativo elitista y altamente competitivo, pensado para los ricos.

Educació

Carbonell, Jaume | Cuadernos de Pedagogía - 28-IX-2012