786) Los servicios sociales: el desconocido sistema de protección social

Estamos asistiendo a una gran movilización por parte de la ciudadanía en general y de los empleados públicos en particular en defensa de los servicios públicos, ante el gravísimo ataque que están sufriendo por los recortes presupuestarios que imponen las administraciones estatal, autonómica y local.

Entre los servicios públicos, se citan expresamente a los servicios de seguridad, justicia, cultura, etc. y aquellos de “carácter social” como son la sanidad, la educación y las pensiones, olvidando a los servicios sociales.

Por qué este olvido, por qué el Sistema Público de Servicios Sociales es el gran desconocido de los sistemas de protección social, el invisible, el difuso, el que se asocia a la atención exclusiva a l@s ciudadan@s en situación de exclusión social, pobreza, marginación, etc. Por este desconocimiento, se trata del sistema de bienestar social más vulnerable ante la precarización y el desmantelamiento de los servicios públicos, incluso con riesgo de producirse un retroceso hacia la España preconstitucional al vincular sus prestaciones a la beneficiencia, que fue el sistema de acción social anterior a la democracia en nuestro país.

Es por ello que nos proponemos en este texto ofrecer información que permita acercar a la ciudadanía al más joven de los sistemas de protección social en España y posteriormente reflexionar sobre el impacto que las medidas de recorte económico tienen sobre la vida de los ciudadanos en general y de forma especial en los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.

Esta propuesta de información se realizará a través de distintos textos, dada la amplitud de la misma, comenzando por abordar las razones para la confusión y el desconocimiento de los servicios sociales públicos:

En este país, nadie tiene dudas sobre lo que es la Sanidad, la Educación o el sistema de Pensiones. Cualquier persona, por escasa formación que tenga, tiene una idea de cuál es el contenido de los sistemas de protección social anteriores, incluso, es probable que sepa que todos ellos son parte de lo que llamamos Estado del Bienestar. Sin embargo, eso no ocurre con los Servicios Sociales, un sistema de corto recorrido histórico en España y al que le faltaron determinadas condiciones para identificarlo, visibilizarlo y consolidarlo, lo que hace que, al día de hoy, no sólo la ciudadanía identifica mal lo que son los Servicios Sociales, es que ni siquiera los políticos hacen un buen uso del término, lo que en esta época de crisis económica, pone en riesgo de mayor vulnerabilidad a este sistema.

Entre las razones que han hecho de los Servicios Sociales un sistema desdibujado y confuso para la ciudadanía, para los propios profesionales del ámbito y para la clase política (es mayor la ignorancia o confusión cuanto mayor es su lejanía del ámbito local), podemos encontrar las siguientes:

El concepto y sus diversas denominaciones.
En una primera acepción, se entiende por Servicios Sociales, las actuaciones de la política social que se desarrollan en el denominado Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Vivienda, Empleo, etc. En una segunda acepción son: el conjunto de medios técnicos, humanos, materiales y económicos que se ponen al servicio de la ciudadanía para, utilizando métodos de trabajo social, contribuir a su bienestar y adaptación a su entorno social. Podemos decir que el sistema público de Servicios Sociales está constituido por el conjunto integrado y coordinado de programas, recursos, prestaciones, actividades y equipamientos destinados a la atención social de la población y gestionados por las Administraciones Autonómica y Local.
En los diferentes territorios, las Consejerías y las Concejalías han utilizado el término “Servicios Sociales” de modos muy diversos y en muchas ocasiones, su contenido ha quedado oculto tras un nombre que abarca más servicios (por ejemplo: Consejería de Acción Social, Servicios de Atención a la Ciudadanía y Empleo, etc.). Tampoco existe una única denominación para hablar de los servicios sociales prestados por las entidades locales, ya que a éstos se les conoce como servicios sociales generales, básicos, comunitarios o de atención primaria.
Al día de hoy, muchas personas no tienen una idea clara de lo que son los Servicios Sociales. El problema es que tampoco los políticos se atreven a nombrarlos, lo que supone, en un contexto de grave crisis económica y la aplicación de políticas tan neoliberales, un riesgo para su invisibilización y posterior desmantelamiento, a pesar de ser ahora especialmente necesarios y de que el gasto que conllevan se encuentra muy por debajo de la media europea.
Su contenido abstracto y genérico.

Si recogemos la finalidad de los servicios sociales que señala, por ejemplo, la Ley 11/2003 de la Comunidad de Madrid, ésta es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de las situaciones de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. Dentro de la misma ley, se señala como su objetivo el de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales.

Esta pretensión tan abarcadora del bienestar ciudadano no ayuda a comprender lo que son estos servicios. Cualquier persona puede identificar y recordar mejor aquello que tiene relación con su vida personal; en ese sentido, hubiera sido importante que la ciudadanía al menos conociera con claridad cuáles son los servicios y prestaciones que se ofrecen y gestionan en los Centros de Servicios Sociales de todo el territorio nacional: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día o el salario social (con sus diversas denominaciones, según la Comunidad Autónoma), del que ahora no se habla pero que ofrece un mínimo de subsistencia a las familias sin ningún ingreso económico, por citar algunos de ellos.

Ausencia de una ley marco estatal que garantice derechos básicos en todo el territorio nacional.
El derecho a los Servicios Sociales no aparece reflejado en la Constitución de forma explícita. Promulgada ésta, no se llegó a elaborar una ley-marco de Servicios Sociales que fuera el referente para las posteriores leyes autonómicas. La Constitución declara que la asistencia social es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y han sido éstas, en virtud de dicha competencia legislativa de “Asistencia Social” atribuida por la Constitución y contemplada en sus respectivos Estatutos de Autonomía, las que han ido aprobando leyes de Servicios Sociales o de Acción Social, según sus propias denominaciones. Entre 1982 y 1993 todos los gobiernos autonómicos desarrollaron, mediante leyes, sus respectivos sistemas de servicios sociales en todas las Comunidades Autónomas. Entre los años 1990 y 2000 se fueron desarrollando los Servicios Sociales y comenzaron a aprobarse leyes autonómicas de segunda generación e incluso tercera (en dos de las Comunidades Autónomas).
Aunque ha habido un avance de reconocimiento de derechos en las últimas leyes autonómicas, los servicios, prestaciones o recursos no se han garantizado como derechos subjetivos. La ciudadanía tiene derecho a recibir atención social pero eso no significa que se conceda una prestación concreta, ya que en la práctica, esos derechos son discrecionales, asociados a partidas consignadas en los presupuestos.

Las Corporaciones Locales, teniendo en cuenta el principio de descentralización territorial así como el de autonomía municipal que le otorga la Constitución, han asumido actuaciones de Servicios Sociales de acuerdo con el mandato de dar respuesta a las necesidades sociales en el contexto más cercano a la ciudadanía. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (actualmente en proceso de reforma por el gobierno actual), estableció la competencia municipal en la prestación de Servicios Sociales, con carácter obligatorio para los municipios mayores de 20.000 habitantes.

A falta de la ley estatal, en 1988, el gobierno socialista implantó un instrumento básico de cooperación económica y técnica entre los tres niveles de la administración pública: El PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS. Este Plan nació para apoyar el establecimiento de una Red Pública Municipal de Servicios Sociales mínimos. El objeto del Plan Concertado era articular la cooperación económica y técnica entre las tres Administraciones que permitiera garantizar unas prestaciones básicas a las personas en situación de necesidad. El Estado otorga a las CCAA, mediante la firma de los respectivos convenios-programa, una serie de recursos económicos que deben ser destinados a los servicios sociales gestionados por las Corporaciones Locales con la finalidad de impulsar el desarrollo de una red pública de servicios sociales. Las prestaciones que el Plan señala como básicas son: 1) Información y orientación; 2) Ayuda a domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia; 3) Alojamientos Alternativos; 4) Prevención e Inserción social y 5) Cooperación social y Fomento de la Solidaridad.

El Plan podía haber contribuido a reducir las desigualdades en el territorio español. Sin embargo, ha ido perdiendo fuerza progresivamente, disminuyendo también la financiación hasta el punto de destinar en los Presupuestos generales del Estado del 2012 un 42,4% menos a dicho Plan Concertado que el año anterior. La corresponsabilidad financiera no ha sido muy rigurosa y han sido las administraciones locales quienes han tenido el mayor peso de la financiación de servicios y prestaciones sociales, al menos en los grandes municipios. Dependiendo de la sensibilidad social del equipo de gobierno, de los recursos económicos del ayuntamiento en cuestión (no olvidemos su capacidad de generar ingresos a través de la calificación de terrenos y su contribución a la burbuja inmobiliaria) o del interés por la modernización de la administración y su expansión pero sin preocuparse por la deuda acumulada, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, los Servicios Sociales se han estado prestando en todos los municipios del país, pero generándose también grandes desigualdades en los distintos territorios a la hora de acceder a las prestaciones y recursos.


El sistema de Atención a la Dependencia.

El expresidente Rodríguez Zapatero, presionado por Europa, el pacto de Toledo o las organizaciones de Mayores y Discapacitados y, seguramente por su tendencia a pretender ser el pionero e impulsor de las políticas sociales más llamativas y mediáticas, aprobó la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, con lo cual, terminó de contribuir a crear una mayor invisibilización y confusión sobre el sistema de Servicios Sociales. En vez de articular ambos sistemas para convertirlos en el verdadero 4º pilar del Estado de Bienestar, creó otro sistema paralelo que sí otorgaba derechos subjetivos a las personas dependientes (fundamentalmente, las personas mayores y los discapacitados), que ya estaban siendo atendidos desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (municipales) y los Especializados (de ámbito municipal y autonómico), perdiendo con ello la oportunidad de integrar la Dependencia en los Servicios Sociales y fortalecerlos, dotándolos de un nuevo valor y dejando clara a la ciudadanía sus derechos y las prestaciones asociadas, equiparándolo al resto de sistemas de protección social.

Desde el principio, el nuevo sistema protector presentó problemas institucionales, financieros y de gestión, y varias Comunidades Autónomas boicotearon su aplicación y/o se resistieron a dar protagonismo a los Servicios Sociales municipales evitando que fueran ellos quienes realizaran la valoración y concesión de los derechos por situación de Dependencia (ese es el caso de algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, enemistada su Presidenta con el Alcalde de la capital en los años anteriores). Además, dado que también el desarrollo y aplicación de la ley estaba en el terreno autonómico, se ha potenciado la desigualdad entre Comunidades Autónomas, ya que se ha prestado con distintos niveles de desarrollo y contenido.

Todo esto hace que, actualmente, los políticos hablen más de la Dependencia que de los Servicios Sociales, pero sin saber muy bien qué ofrecen ambos sistemas. Actualmente, ambos sistemas están afectados por la brutal política de recortes del gobierno.

Tal vez todas estas razones sean la causa por la que técnicos y políticos han cuestionado tanto el sistema de Servicios Sociales impulsando continuas propuestas de mejora. También los/as trabajadores/as sociales, profesionales de referencia del sistema, se muestran muy a menudo insatisfechos por la sensación de falta de prestigio y apoyo institucional.

Tras exponer las razones de la confusión e invisibilidad del sistema, podemos intentar describir sus características, al objeto de aclarar a la ciudadanía a qué se dedican los servicios sociales y las prestaciones que ofrecen, y que en estos momentos se encuentran en riesgo de reducirse gravemente e incluso desaparecer:
Se dirigen a personas y al ámbito familiar y social, su enfoque es comunitario y preventivo y sus funciones polivalentes; dan respuesta en el ámbito de la convivencia y la relación, con intervenciones de carácter preventivo, de atención integral a personas y familias.
Detectan y atienden necesidades sociales, mediante la provisión de servicios tales como Información y Orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección social, Asesoramiento social, Atención a situaciones de desprotección social de menores, mayores y discapacitados.
Desarrollan programas, y promueven y gestionan, en su ámbito territorial, centros orientados a colectivos con problemáticas específicas.
Son prestados por equipos multiprofesionales, en los que se integran las unidades de trabajo social que prestan atención directa en todos los territorios, son profesionales de referencia y se ubican en centros de servicios sociales.
Gestionan ayudas y prestaciones sociales a Individuos, Familias, Grupos y Comunidades.
Se actúa en las áreas de necesidad de la Convivencia Familiar, la Relación con el Entorno, los Ingresos Económicos, el Empleo, la Vivienda, y la Salud, a través del Acompañamiento Social y las Prestaciones de carácter personal.
Proximidad, accesibilidad, transversalidad, coordinación, calidad y calidez, son valores inherentes a los servicios sociales.
Por todo ello, proponemos y exigimos la necesidad de continuidad del sistema público de servicios sociales, que en las últimas tres décadas ha contribuido a lograr una mayor cohesión social y que aporta en gran medida el ejercicio del derecho de todos los seres humanos a la igualdad de oportunidades y a la dignidad sin discriminación.
El impacto de la crisis económica está proporcionando argumentos a quienes, movidos por una ideología neoliberal y conservadora, pretenden debilitar y en algunos casos eliminar el papel protector de la Administración Pública, del que es una manifestación significativa el Sistema Público de Servicios Sociales, mediante el recorte presupuestario, las llamadas “competencias impropias” de los municipios, etc.
Estos recortes presupuestarios producen un grave deterioro en las personas atendidas en la actualidad desde el sistema, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo social, desprotección social (menores y mayores), familias desestructuradas y exclusión social extrema, a las que los servicios sociales, antes de los recortes, ofrecían garantías de derechos y cobertura de prestaciones para una mayor autonomía y calidad de vida.

Economia

| Econonuestra - 9-XI-2012

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